Comunicados Especiales

Dictan 6 meses de prisión preventiva a supuesto líder narco

El Juzgado Penal de Siquirres dictó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Díaz, conocido con el alias de “Pelleja” y a quien se le sigue una causa judicial por el delito de tráfico de drogas; confirma el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.

Díaz fue capturado el pasado 18 de febrero en la localidad de Tortuguero y fue trasladado hasta el Primer Circuito Judicial de San José.  La audiencia concluyó en horas de la tarde de este martes 20 de febrero y se realizó en una de las salas en los Tribunales de San José.

A Díaz se le vincula en una organización que se dedicaba al tráfico de drogas por vía marítima desde Colombia hasta Costa Rica, por medio del sector de Parismina.

 

Poder Judicial. 

IMAS alerta a población sobre posible estafa 

Se le informa al comercio y público en general que, recientemente personas inescrupulosas se han hecho pasar por funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para cometer intento de estafa a terceros.

El IMAS, a través del Área Regional de Desarrollo Social (ARDS) Chorotega, recibió información de la Cámara de Ganaderos de Liberia, sobre una persona que se hizo pasar por funcionario público, como encargado general de compras de la institución, para adquirir herramientas de trabajo “para ser entregadas a familias que califican de la Estrategia Puente al Desarrollo”.

El IMAS aclara que todo funcionario debe estar debidamente identificado y portar su respectivo gafete. Adicionalmente, se informa que los correos electrónicos oficiales se identifican por el dominio único y oficial @imas.go.cr; por tanto, ningún correo de carácter comercial se debe asumir como institucional.

El IMAS hace un llamado a las empresas privadas y a la comunidad en general, ante cualquier duda sobre la identidad de personas funcionarias o cualquier información al respecto, dirigirse al Área Regional de Desarrollo Social correspondiente, para la debida atención.

           El IMAS cuenta con 10 ARDS, las cuales se ubican en: Cristo Rey, Barrio Amón, el centro de Alajuela, Cartago y Heredia, Liberia, Puntarenas, San Carlos, Pérez Zeledón y Limón.


IMAS. 

 

MAG sancionó a funcionario por  revelar datos confidenciales

Investigación comprobó que, José Miguel Jiménez, quien forma parte del Servicio Fitosanitario del Estado, violó el secreto de la información al suministrar detalles a  a terceros durante la investigación a una empresa productora de piña en San Carlos

Castigó consistió en 8 días de suspensión sin goce de salario

            El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sancionó al funcionario del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), José Miguel Jiménez, porque violó la confidencialidad de la información durante una investigación que realizaba a una empresa productora de piña cuyo trabajo se desarrolla en San Carlos, Alajuela.

         Durante abril y mayo del 2016 Jiménez fue nombrado como responsable de investigar una denuncia presentada por la Cámara Nacional de la Agricultura Orgánica (CANAGRO) ante el Servicio Fitosanitario del Estado –entonces dirigido por Francisco Dall’Anese- debido a una aparente venta de  piña convencional como si fuera producto orgánico. Dicha investigación (denuncia que no consta en ningún expediente) fue desarrollada -en parte- junto con la funcionaria Andrea Bolaños de la Unidad Regional Huetar Norte del MAG.

        Las pesquisas de Jiménez provocaron que el SFE, mediante la resolución DSFE-13-2016 suspendiera el certificado de Registro como Operador Orgánico a la compañía Congelados y Jugos Valle Verde S.A.

             Posteriormente, en el expediente 16-006593-0007-CO la Sala Constitucional tramitó un recurso de amparo presentado por la empresa agrícola acción que logró la condenatoria contra el SFE luego de que ese Tribunal comprobara que el retiro de la certificación orgánica dejó a la empresa en una situación de indefensión.

         “Se observa que no se consignó que esa suspensión tenía ese carácter cautelar, por lo que se mantuvo a la empresa amparada en una situación de incerteza respecto al acto administrativo dictado en su contra. Lo anterior, violenta su derecho de defensa y al debido proceso, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 39, y 41, de la Constitución Política”, expresaron los jueces constitucionales.

          Además de emitir un veredicto condenatorio contra el SFE del MAG, la Sala obligó al “Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.

       Durante junio del 2016 el SFE nombró un órgano unipersonal (mediante resolución DSFE 19-2016) a cargo de Jiménez, quien labora en el Departamento de Certificación Fitosanitaria del MAG, para que se analizarán presuntas  irregularidades en los procesos de producción, procesamiento, empaque, comercialización y exportación de piña orgánica que Jugos Valle Verde S. A. lleva a cabo en San Carlos.

         La investigación fue desestimada por el Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis  Felipe Arauz, según oficio  PA MAG 008-2017 por considerar que no se siguió el debido proceso; además, de la existencia de juicios subjetivos carentes de respaldo emitidos por el órgano investigador unipersonal a cargo de Jiménez.

         Esa decisión del jerarca del MAG fue ratificada en la Resolución DSFE Nº036-2017 firmada por el actual Director del SFE, Marco Vinicio Jiménez, donde se establece “no acoger las recomendaciones del órgano investigador dadas en el informe final de investigación amparado, esto según el punto XII por falta de hechos claros, concretos y particularizados, la falta de prueba y fundamentación, la incorrecta aplicación de las normas técnicas nacionales, no acreditándose un riesgo a la integridad orgánica de las empresas señalizadas”.

Funcionario reveló datos

         Además, las actuaciones de Jiménez  fueron analizadas por la Auditoría Interna del SFE despacho que remitió el Expediente N. PAO-LABJB-001-2017 al Ministro  Arauz quien entabló un Órgano Director dirigido por Luis Antonio Jiménez. Esa instancia logró determinar que el funcionario del SFE develó información confidencial a terceros (entre ellos a Olman Briceño de la Compañía Frutera La Paz y quien actualmente forma parte de la Junta Directiva del Banco Nacional) durante el proceso de la investigación.

         Según el Informe Final 001-LAJB-OD-201- la conducta de José Miguel Jiménez fue calificada como “falta grave” porque, entre otras razones, transgredió el artículo 6 de la Ley General de Control Interno N. 8292 que obliga a guardar la confidencialidad en este tipo de casos.

          “El funcionario José Miguel Jiménez Méndez violentó la confidencialidad de la información de una investigación preliminar, al suministrar (datos) mediante correo electrónico” a un tercero que conoció los resultados de las visitas de campo y los hallazgos encontrados durante la pesquisa a Congelados y Jugos Valle Verde S. A.

           La conducta de Jiménez Méndez fue castigada con una suspensión de 8 días sin goce de salario medida que; posteriormente, fue ratificada por el Ministro Arauz en el Oficio PA-MAG-051-2017.

         Congelados y Jugos Valle Verde S. A. había obtenido la Certificación Orgánica mediante estudios de campo realizados por la Agencia PrimusLabs –con sede en Santa María, California, Estados Unidos- análisis que sirvieron de base para que el SFE emitiera el registro de Operador Orgánico con base en metodologías acordes con la norma ISO 17065 y análisis de residuos de pesticidas.

Luis Castrillo, Servicios Periodísticos Globales. 

Fuerza Pública anunció operativo “Clase Segura”

 

Un aproximado de 8 mil policías se sumarán a las acciones dirigidas al operativo de ingreso a clases denominado “Clase Segura”.

 

El viceministro de Seguridad Pública, comisario Juan José Andrade explicó esta mañana que se trata de dos acciones específicas, ambas articuladas con los directores y docentes de los centros educativos.

La materia operativa que se concentra en las acciones disuasivas del uso y consumo de drogas, así como pasos escolares y la segunda con el seguimiento de los cinco Programas Preventivos de la Fuerza Pública entre los que se destacan Pinta Seguro y “Soy Grande”, que buscan evitar la violencia, la agresión escolar y las drogas.

El director recordó, que aunado a esto se tienen programadas actividades recreativas de acercamiento a la población estudiantil como partidos de futbol, juegos tradicionales, comidas y música.

 Patricia Meléndez Siles, Ministerio de Seguridad Pública. 

---

Escolares indígenas recibirán el apoyo solidario de funcionarios de la CCSS

           • Se entregarán de 150 paquetes que incluyen salveque, botas de hule, cuadernos, lápices, entre otros útiles.
• Funcionarios institucionales viajarán a Bajo Blei en helicóptero, mañana viernes, para realizar la primera entrega de paquetes escolares.

Para la construcción de una Política Nacional de Cuidados para la autonomía de las personas

Encuesta nacional determinará las necesidades de las personas menores de edad, adultas mayores y con discapacidad

•       Aplicación de Encuesta Nacional  es la primera en el país y en Centroamérica.

•           Tres mil hogares serán encuestados. Esta muestra representativa de la población nacional fue diseñada por el INEC.
•            Encuesta y círculos de diálogo ciudadano en todo el país, son parte esencial para la construcción de una Política Nacional de Cuidados para la autonomía de las personas en Costa Rica.
•            En el país uno de cada 10 costarricense presenta algún tipo de discapacidad, uno de cada cuatro hogares hay un niño o niña y para el 2025 el 11.6% de la población serán personas adultas mayores.
•        Es una obligación de Estado estar preparados para responder a las nuevas del país.

Proceso de Reestructuración Autoridades de la CCSS buscan una institución más articulada en el nivel central   • "No se está pensando en despedir a nadie": director Renato Alvarado Rivera. • La reorganización de funciones busca mayor integración en todos los procesos y centrada en las personas.  • Institución tendrá una gerencia general y cuatro gerencias operativas. La  reestructuración del nivel central de la Caja Costarricense de Seguro Social  es un ordenamiento para alcanzar mayor eficiencia sin despidos, informó el Lic. Renato Alvarado Rivera, miembro y vocero de la Junta Directiva. El directivo afirmó que no se está pensando en despedir a nadie. Lo que se busca es que la CCSS  esté alineada en todos sus procesos, en lo cual “todos los funcionarios están incluidos”. El directivo presentó el organigrama base del nivel central aprobada por la Junta Directiva,  a los gerentes, directores de sede y el resto de los funcionarios del nivel central durante sesiones informativas. La Junta Directiva aprobó la creación de  una gerencia general y cuatro gerencias operativas: Seguro de Salud, Seguro de Pensiones, Operativa (Infraestructura-Logística) y Administrativa-Financiera. El directivo explicó que este es un proceso que no está escrito en piedra que  pretende una institución más articulada y con mayor  gobernanza.  Señaló que el resto de la estructura se armará con la participación de los funcionarios. “Ustedes tienen un papel preponderante en decir qué se hace y cómo se hace” afirmó  Alvarado Rivera. En ese mismo sentido, solicitó a los directores de sede su participación y compromiso con este proceso que busca fortalecer la institución. Reconoció que  es normal que exista resistencia y preocupación, no obstante reiteró que “la gente debe estar tranquila, pues no estamos pensando en despedir a nadie”. Y agregó que este es un proceso con los trabajadores y no contra los trabajadores. “La Junta Directiva está convencida de la necesidad de un nivel central más simple, más claro, más ordenado, para que nuestro trabajo sea más satisfactorio y obtengamos mejores resultados”, explicó el directivo.  Alvarado Rivera dijo que la nueva estructura se basó en un estudio técnico exhaustivo y en profundas discusiones en la Junta Directiva que fueron acompañadas por especialistas del CICAP y funcionarios de la institución. Comentó que los aportes que hicieron los gerentes y otras instancias a la propuesta original fueron considerados en la nueva estructura organizacional. Desde el inicio se conformó una comisión integrada por cuatro miembros de  la Junta Directiva: don Mario Devandas,  don Rolando Barrantes, don Renato Alvarado y don José Luis Loría  a fin de acompañar y dar seguimiento al proceso. De igual manera enfatizó que la institución tiene otros proyectos estratégicos en marcha, siendo reestructuración uno de ellos. Manifestó la importancia de  “trabajar más juntos y mejor coordinados  a fin de dar un servicio que cumpla con las expectativas de los compañeros en el nivel regional y local y de la gente que se acerca a nuestros servicios”. Alvarado Rivera reiteró que todo trabajador cumple una función importante y tiene un lugar en la organización. “El objetivo no es la reducción de empleos, sino que cada uno de nosotros pueda estar presente  donde mejor se aproveche nuestros talentos”.  Xinia Bustamante Castillo, Caja Costarricense de Seguro Social.  Justicia Civil se abre a la transparencia del proceso

Nuevo Código Procesal introduce cambios en la tramitación de los asuntos y reorganización de los despachos judiciales.

Andrea Marín Mena, Poder Judicial.  La resolución de los conflictos de tipo económico, alquileres, deudas entre partes privadas, indemnizaciones por daños, problemas contractuales, conflictos entre condóminos o por linderos, asuntos de propiedad intelectual, problemas financieros en general, conflictos de consumo y mercantiles entre otros, apuestan a un trámite más ágil y con la transparencia y publicidad que admite la oralidad. El Poder Judicial se alista para la entrada en vigencia de la nueva normativa procesal civil, en octubre del 2018, con la participación de la Comisión de la Jurisdicción Civil y el equipo de trabajo de implementación de la Reforma, bajo la coordinación del magistrado de la Sala Primera, Dr. William Molinari Vílchez y la colaboración de los jueces José Rodolfo León, Cristian Quesada, Ingrid Fonseca y Farith Suárez. Para el magistrado Molinari Vílchez, el impacto del cambio que introduce la reforma procesal, va de la mano con la utilización de expedientes totalmente digitalizados, la apertura al litigio en línea y el acercamiento de los jueces y juezas con las partes del conflicto, a través de las audiencias orales que humanizan el servicio. “Todo este cambio procesal pretende modificar la forma como se atienden y resuelven los procesos de esta jurisdicción. Se pasa del aislamiento de las personas juzgadoras de la escritura, a la apertura y transparencia en el ejercicio de sus funciones. Ahora todos conoceremos a las personas que resuelven los casos y habrá interacción directa entre estos y las partes del conflicto”, destacó Molinari Vílchez. El magistrado William Molinari Vílchez, lidera el proceso de capacitación de la reforma procesal civil en todo el país. Reunión con jueces, juezas y personas técnicas judiciales de los juzgados y tribunales civiles de San José.   A criterio del jerarca judicial, “las personas tendrán la posibilidad de conocer al juez, de enfrentarse a la otra parte y discutir el conflicto. Esto es esencial. Cuando hablamos de transparencia, implica la posibilidad de que quienes acuden al servicio de administración de justicia, puedan conocer cómo realiza su trabajo el juez o jueza civil”.   Pasar de la escritura a la oralidad conlleva la reducción de plazos en la resolución. “Actos procesales concentrados en audiencias orales implica mayor presencia de la persona juzgadora y agilidad en el devenir del proceso”, puntualizó el magistrado de la Sala Primera. Modelo oral-electrónico   Las nuevas normas procesales alcanzarán todo los asuntos civiles que corresponden a los conflictos privados que se presentan entre personas particulares y empresas, que son de índole económico.   Los conflictos privados que se tramitarán bajo las nuevas reglas jurídicas, pueden referirse a temas como patentes de invención, derechos de autor, marcas comerciales, robo de vehículos en parqueos privados, problemas con las administraciones de condominios, incumplimiento de contratos con proveedores de bienes o servicios privados o profesionales, asuntos sobre préstamos, responsabilidad por daños, alquileres o deudas.   La Reforma Procesal en materia civil apuesta por un proceso ágil, en el que los plazos de resolución sean más cortos, además los asuntos se tramitarán en dos instancias.   Por ello se emprende la tramitación digital de los conflictos judiciales, mediante el establecimiento del expediente digital, con ello las personas y profesionales en derecho pueden presentar escritos, consultas y llevar el control y estado de los casos desde el Sistema de Gestión en Línea del Poder Judicial, ubicado en su página electrónica.   Todos los despachos que atienden la materia pasan por un proceso de cambio hacia la modalidad oral-electrónica. Autoridades judiciales recorren las salas de juicio para civil y laboral en la nueva Torre de los Tribunales de Limón. A esto se suma la reducción de los actos apelables durante la tramitación del expediente, con el fin de disminuir las prácticas dilatorias entre las partes del conflicto, destacó el juez José Rodolfo León Díaz, integrante del equipo de implementación de la reforma.   El modelo establece un proceso por audiencias, en donde la oralidad juega un papel importante, para brindarle agilidad al trámite y contar con mejores elementos probatorios y argumentativos para la decisión del litigio. Es aquí donde las partes del conflicto y el juez o jueza civil entran a conocer y discutir por el fondo los asuntos.   “Esto permitirá que se concentren de mejor forma las etapas del proceso en una o dos audiencias orales, donde se discuten de manera vivencial los asuntos. El juez puede resolver en el mismo acto o en algunos casos se reserva un plazo razonable para dictar la sentencia”, explicó el juez León Díaz. Como regla general, estas audiencias serán públicas lo cual va a generar transparencia. El juez o jueza civil determinará las excepciones de ley, en las que se declare la privacidad del debate, cuando así lo amerite el caso o a solicitud de las partes. Nuevo proceso civil en detalle En la Justicia Civil, la cuantía se mantiene, únicamente para definir qué despacho atenderá los procesos ordinarios. Los casos cuya valía no superen los ¢3 millones se atenderán en los juzgados sin importar el tipo de proceso, es decir, un solo juez o jueza tiene la responsabilidad de resolver. Se contará con Tribunales Civil de Apelación en cada provincia, que atenderán las apelaciones sobre resoluciones y sentencias de los juzgados.   Los asuntos ordinarios cuya valía supere el monto de los ¢3 millones o con una cuantía inestimable, corresponderá resolverlos a los Tribunales Colegiados Civiles, integrados por tres jueces. Las sentencias tendrán únicamente recurso de casación, el cual será conocido directamente por las Salas Primera y Segunda de la Corte, según las materias asignadas a cada una de ellas.   “Los procesos ordinarios son más complejos porque lo que se discute tiene más jerarquía económica, pesan más económicamente o el trasfondo del derecho es más complejo. Estos requieren de una tramitación de mayor cuidado y donde se brinde más posibilidades de intervención a las partes”, explicó el magistrado William Molinari.   Con esta organización, los asuntos civiles se resolverán únicamente en dos instancias. Con la reforma, los exequátur de aquellas sentencias o laudos internacionales que deban ejecutarse en el país, así como de las solicitudes de cooperación internacional judicial, deberán ser atendidos por cada Sala de Casación de la Corte, según sea su competencia por materia. En la actualidad esa función recae únicamente en la Sala Primera. Desde la página web de la Comisión de la Jurisdicción Civil, el público en general puede consultar los detalles de la reforma procesal civil. http://www.poder-judicial.go.cr/comisionjurisdiccioncivil/ Jueces y juezas especializados La Reforma Procesal Civil garantiza la especialización de los jueces y juezas civiles que resolverán los conflictos con la nueva ley.   En las provincias, las materias civil y laboral se separan del conocimiento de lo penal. Con ello se establece la especialidad en la atención de los asuntos en regiones como Limón, Puntarenas, Cartago, Pérez Zeledón, Liberia, Alajuela y Guápiles.   Con esta reorganización, se emprende la concentración de los asuntos civiles en Juzgados Civiles ubicados en cabeceras de provincia y cantones específicos, con lo que se pasa de 123 despachos a 76.   “Esta reorganización interna del Poder Judicial apuesta a la especialización, a la resolución de procesos con mayor calidad. Especialistas resolviendo en la materia”, destacó el magistrado William Molinari. Reunión con jueces, juezas y personal técnico judicial de los despachos judiciales de Guanacaste, 2017. La reducción de los juzgados civiles provenientes de esta especialización, responde a los estudios sobre volumen de trabajo en determinados despachos.  Sin embargo, se mantendrá el servicio de recepción de documentos, orientación y consulta a las personas usuarias en los juzgados mixtos o contravencionales, que antes de la entrada en vigencia atendían esta materia.   Esto se realizará mediante los denominados Centros de Gestión. Con ello, las personas usuarias serán atendidas en los despachos más cercanos, para hacer consultas sobre sus casos, mediante la revisión en línea del expediente, el servicio de escaneo de documentos y recepción de escritos.   Además, podrán solicitar una clave y contraseña para que puedan consultar sus expedientes desde el Sistema de Gestión en Línea ubicado en la página web del Poder Judicial, sin tener que desplazarse a los despachos.   “El interés del Poder Judicial es que los jueces y juezas estén mejor preparados en las materias que atenderán, la civil y la laboral”,señaló el magistrado William Molinari. Los juzgados civiles actualmente especializados, mantendrán sus esquemas de trabajo como lo son Cobro Judicial y el de Procesos Concursales, cuyas apelaciones se elevarán ante el Tribunal Civil de Apelación correspondiente.    En el caso del Juzgado Concursal Civil, radicado en el Primer Circuito Judicial de San José, se especializará en la atención de todos los procesos del país sobre quiebras, concursos de acreedores, convenios preventivos y administración y reorganzación con intervención judicial, que corresponden a liquidaciones patrimoniales o a las soluciones a sus crisis.

•  Convocatoria va dirigida a Pymes registradas y activas en el MEIC.
•                  Participantes deberán elaborar un documento y video que destaque su éxito empresarial.
•                      Este año se incluyen las menciones PYME Mujer Inspira y PYME Mujer Emprende.
  
• Postulación finaliza el miércoles 23 de febrero de 2018.

              La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) logró reducir en un 40 por ciento la morosidad que tienen las universidades privadas con esta entidad encargada de administrar los seguros de Salud y Pensiones, según datos de su Dirección de Cobros.

             Con corte al 31 de enero de 2018, estas casas de enseñanza privadas deben a la Seguridad Social ¢96 503 541 millones, a diferencia, del año 2017, cuya morosidad ascendía a ¢162 millones.

              Actualmente, de los  53 centros universitarios privados autorizados por el Ministerio de Educación Pública (MEP), son cuatro los centros morosos y sobre ellos existen trámite ocho procedimientos por cierre de negocios y siete procesos judiciales. Los centros son los siguientes:

 

Caja Costarricense de Seguro Social
Universidades autorizadas por CONESUP morosas con la CCSS por cuotas obrero patronales
Datos al 01-02-2018
(Montos en colones)

 

                Fuente: CCSS, SICERE

Entre tanto, con las escuelas y colegios privados hubo una reducción del 4.09 por ciento entre el 2017 y 2018. De estos centros, 380 son los que están autorizados por el MEP, de los cuales 40 está morosos, cuyo monto asciende a ¢375 millones; sobre dichos centros hay en trámite 39 procedimientos por cierre de negocios por mora, 72 procesos judiciales y 20 denuncias penales.

Los 10 centros educativos de primaria y secundaria mayores morosos adeudan ¢338 millones, es decir, el 90% del total adeudado, además tienen en proceso 34 procedimientos por cierre de negocios por mora, 50 procesos judiciales y 12 denuncias penales.

Caja Costarricense de Seguro Social
Centros Educativos Privados autorizados por el MEP morosos con la CCSS por cuotas obrero patronales
Datos al 01-02-2018
(Montos en colones)