| | Proceso en Sabanilla de Montes de Oca
Fallo de la Sala Constitucional se queda en el papel
Sala Constitucional ordenó cierre de terminal de
autobuses en julio del 2007, pero orden nunca se ejecutó
Montes de Oca, San José. 7 de Febrero del 2017. Un fallo emitido por la Sala Constitucional en julio del año 2007 que ordenaba el cierre de una terminal de autobuses en Sabanilla de Montes de Oca todavía permanece sin acatarse, casi 10 años después de que ese Tribunal dictara la sentencia.
El 14 de noviembre del 2006 dos adultos mayores de apellidos Bonilla y Murillo, quienes interpusieron un Recurso de Amparo ante la Sala, reclamaron que la empresa Ruta Cincuenta y uno y Cincuenta tres -que presta servicio de transporte público entre Sabanilla y San José centro- había edificado una infraestructura para guardar los autobuses, taller mecánico, estacionamiento, tanques para almacenar combustibles y oficinas en una zona residencial.
Según consta en el expediente 06-013963-0007-CO esas instalaciones se desarrollaron en “una zona residencial con el inminente peligro que ello implica para los vecinos del lugar, como contaminación sónica y ambiental”.
Una revisión de ese expediente realizada la semana anterior permitió conocer que la resolución nunca se notificó a todas las partes.
Si bien es cierto que inicialmente la Municipalidad de Montes de Oca procedió a pegar calcomanías -en el año 2007 - de cierre, la estación actualmente sigue en operación con personal, así como autobuses, entrando y saliendo, e incluso se están realizando obras de remodelación y ampliación de la terminal.
El proceso legal se entabló contra la Municipalidad de Montes de Oca, el Area Rectora de Salud de ese cantón josefino, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio del Ambiente y Energía.
La acción legal de Bonilla y Murillo indica que los autobuses de la mencionada empresa “causan grandes escándalos por el aceleramiento de motores, debiendo soportar la constante emanación de gases, amén de que los perros que cuidan el lugar representan un peligro para los vecinos y transeúntes, perros que inclusive se introducen a sus viviendas generando temor a los ocupantes de las mismas, inquilinos y familiares”.
“Además deben soportar escándalos y algarabías en horas avanzadas de la noche por parte de las personas que allí laboran, quienes inclusive escuchan música a gran volumen, situaciones que han motivado que deban solicitar la intervención de la Fuerza Pública”, relataron los denunciantes.
Orden desobedecida
El 18 de julio del 2007 en la resolución N° 009963-200 la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el Recurso de Amparo y; de paso, ordenó a la Municipalidad de Montes de Oca y al Ministerio del Ambiente y Energía que “clausuren de inmediato la Terminal de Buses 51-53 que opera la opera la sociedad Rutas Cincuenta y Uno y Cincuenta y Tres Sociedad Anónima, la cual no se podrá volver a habilitar hasta tanto no se compruebe, de manera fehaciente, que cumple estrictamente con la totalidad de los requisitos que el Ordenamiento Jurídico establece”.
De acuerdo con el abogado del Bufete Energy Law Firm (ELF), Walter Brenes, esa sentencia se quedó en el papel debido a la “desidia” del Municipio y del citado Ministerio.
“Estamos ante un caso de desobediencia por instituciones que han sido negligentes en acatar y cumplir con un fallo que aunque está en firme, no se ha ejecutado, lo cual es impensable en un Estado de Derecho, que debe proteger los intereses de los vecinos de la zona y de mis clientes que son señores de la tercera edad, especialmente el Gobierno Municipal de Montes de Oca”, relató Brenes.
La falta de sus efectos prácticos de esa sentencia obliga a que Murillo presente una ejecución de sentencia ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el Segundo Circuito Judicial de San José.
“Estamos solicitando que se obligue a la Municipalidad y al Ministerio que cumplan de inmediato con una orden de la Sala Constitucional que incluso no tiene recurso posterior, es decir, se debe cumplir sí o sí”, explicó Brenes.
Junto con los problemas de contaminación sónica y alteraciones al orden público en la respuesta a la Sala Constitucional, la Municipalidad de Montes de Oca confirmó que la estación funciona sin la debida patente, ni tampoco consta el debido permiso de construcción, ni permiso para realizar movimientos de tierra.
Además, el Ministerio del Ambiente y Energía ratificó que ahí se construyó un tanque para almacenar hasta 8 mil 100 litros de combustible que abastece a los autobuses con el consecuente peligro de un incendio de grandes proporciones en caso de un percance, lo cual ocurriría dentro de una zona residencial.
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