| | El Ambiente: una responsabilidad compartida
La fortaleza ambiental de Costa Rica es el resultado de muchos esfuerzos que los costarricenses visionarios iniciaron desde el siglo pasado y que se han ido concretando en acciones puntuales, según la época y las necesidades económicas, sociales y ambientales de la población.
En ese proceso de construir un país en armonía con el ambiente, hay decisiones que se comparten y otras no tanto; sin embargo, siempre ha prevalecido el criterio de mejorar la calidad de vida de los costarricenses, salvaguardando los recursos que las presentes y futuras generaciones necesitan.
Nuestros antepasados voltearon la montaña para sembrar café, banano, cambiaron bosques por pastizales para la ganadería extensiva y utilizaron las mejores tierras para el desarrollo urbano, sin planificar adecuadamente el uso del suelo; las consecuencias las padecemos en la actualidad, pero se toman medidas para revertir procesos.
Hoy, con una población mayor, un desarrollo agroindustrial importante y más del 25% del territorio dedicado a la conservación, cualquier acción que se implemente generará un impacto negativo, razón por la cual, se hizo necesaria la creación de una legislación ambiental, que permita el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales del país.
En el caso de la expansión de los cultivos de piña, señalados por los grupos ambientalistas, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, por medio del Tribunal Ambiental Administrativo, siempre toma en cuenta con base en los Estudios de Impacto Ambiental autorizados, los incumplimientos de las empresas en sus procesos productivos y aplica la legislación vigente, con las respectivas sanciones, en los casos en los que se han demostrado anomalías.
En el tema de la minería, una vez más, se cuestiona el actuar del Poder Ejecutivo con relación al llamado Proyecto Crucitas, pero como se ha señalado en reiteradas ocasiones durante la administración Arias, se buscó una solución a un problema que gobiernos anteriores habían pospuesto y que por estar en un país de derecho, la empresa concesionaria había iniciado una serie de gestiones donde demostraba el cumplimiento de lo requerido por la Sala Constitucional, razón por la cual se necesitaba una definición a su situación jurídica, para evitar el arbitraje internacional, difícil y oneroso para el país.
Prueba de lo anterior, es que durante esta Administración, por mandato expreso del señor Presidente de la República, no se tramitó ni otorgó ninguna concesión de explotación de minería de oro a cielo abierto. En cuanto al otorgamiento del permiso de corta de árboles, la Sala Constitucional está evaluando lo actuado, por lo cual, no debemos agregar más argumentos que los ya expuestos en forma escrita y durante la audiencia pública.
En lo que respecta al Decreto Chorotega y el desarrollo inmobiliario costero, el Gobierno oficializó el Plan de Abastecimiento de Agua y Gestión Integrada de las Aguas residuales de la provincia de Guanacaste (PAAPG), que busca la gestión de la seguridad hídrica para las comunidades de la provincia por medio de proyectos e iniciativas de gestión, a saber:
a. Proyecto de abastecimiento de agua para las márgenes oriental y occidental del río Tempisque, a partir de la Presa-Embalse Canal Oeste-Piedras.
b. Proyecto de abastecimiento de agua para la margen occidental del Río Tempisque, a partir del Sistema Arenal.
c. Proyecto de abastecimiento de agua para la margen occidental del Río Tempisque a partir de la Presa-Embalse La Cueva.
d. Iniciativa de gestión de los acuíferos de Guanacaste
e. Iniciativa de desalinización de aguas de mar
En el caso del Acuífero Sardinal, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) conformó el 3 de Junio del 2008 una Comisión Interinstitucional MINAET, SENARA y A y A, con el fin de evaluar la seguridad hídrica de este acuífero, en vista del aprovechamiento que pretende realizar el A y A a través una batería de cuatro pozos perforados, con el fin de abastecer de agua para consumo humano a las comunidades y desarrollos de la zona de El Coco y Ocotal.
La conformación de esta Comisión fue el resultado ante diversas preocupaciones expuestas por algunos actores sociales sobre una posible vulnerabilidad del Acuífero en perjuicio de la seguridad hídrica para consumo humano de la comunidad de Sardinal y otras aledañas.
El estudio se refleja en un Informe Técnico para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal, compuesto por 21 documentos, que tuvieron como marco el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recurso Hídrico (PNGIRH), y el Plan de Abastecimiento de Agua y Gestión Integrada de las Aguas residuales para Guanacaste (PAAPG), del cual forma parte de este Acuífero.
Por su parte, conforme recomendación del Comité Técnico, se inició el Plan de Monitoreo de Explotación, Comportamiento del Acuífero y Extracción Controlada, se conformó la red de pozos para monitorear las aguas, se realizaron en 11 campañas de medición de niveles y de medición de caudales en los ríos de la cuenca del río Sardinal en puntos de control previamente definidos, trabajo que se hace todos los meses. Igualmente se participo en 4 campañas de monitoreo de la calidad de las aguas del Acuífero Sardinal.
Si bien con base en este Informe la Municipalidad de Carrillo otorgó los permisos respectivos para la construcción del Acueducto, a la fecha no se ha aprovechado ni una gota de esta agua, pues el proyecto no ha iniciado.
En el tema Baulas, cabe resaltar que es obligación del Estado asegurar que todas las actividades humanas que se realicen en la zona de anidación, sean compatibles con la protección de las tortugas y no afecten de forma negativa su desarrollo. También es responsabilidad del Estado valorar los mecanismos o alternativas que permitan el manejo de los posibles impactos sobre los sitios de anidación que podrían ocasionar el desarrollo de proyectos de bajo impacto técnicamente regulado.
En este sentido y por la poca claridad y confusión en cuanto a los límites de esta Área Silvestre Protegida, señalados por la Contraloría General de la República, se puso de manifiesto la necesidad de realizar una redefinición de límites que ponga en claro y de seguridad de los terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, ya que hasta tanto los terrenos privados no sean adquiridos mediante compra, donaciones o expropiaciones, los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio.
Al igual que el Parque Nacional Marino Las Baulas, otras áreas protegidas se crearon tomando en cuenta a las poblaciones humanas, porque la categoría de manejo así lo permitía y hoy, con resoluciones de la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Sala Constitucional entre otras, se deben desalojar, generando conflictos sociales y ambientales importantes
Somos conscientes de que el sistema de áreas protegidas necesita de un proceso de revisión y de proyectos que respondan a las necesidades actuales, para que el sistema no colapse; con ese propósito, se han planteado algunas soluciones apegadas a los principios de conservación y desarrollo que los costarricenses defendemos desde hace más de cuatro décadas.
Avanzamos sí, las áreas de conservación existen, pero hay que seguir consolidándolas, hay que pagar las tierras que se adeudan, redefinir límites, evaluar y mejorar planes de manejo, buscar recursos para la implementación de proyectos de protección conservación y desarrollo, que nos permitan tener áreas protegidas por siempre.
También en la parte marítimo los logros han sido importantes, si tomamos en cuenta que hace menos de 10 años que los costarricenses comenzamos a volver la vista al mar y en los últimos cuatro años logramos conformar una dirección de recurso marino-costero, se elaboró la “Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Marinos y Costeros de Costa Rica” se crearon dos categorías de manejo, Costa Rica forma parte del Corredor Marino del Pacífico y acudimos a los foros internacionales para apoyar la protección de muchas especies de flora y fauna, entre ellas la ballena, los tiburones y los delfines.
En cuanto al anillo de contención, si bien es cierto no es un Decreto propuesto por el sector ambiental, se incluyó dentro del mismo la obligación de que ningún desarrollo será posible sin el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
En lo que respecta a SETENA es necesario aclarar que las funciones y responsabilidades del Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, no fueron delegadas bajo ninguna circunstancia al Ministro de Competitividad, el cual tenía la directriz Presidencial de apoyar en las labores estratégicas para el fortalecimiento Institucional de la SETENA, que se pueden enumerar en la incorporación de 20 profesionales nuevos con plaza de la SETENA, aumento de la flotilla vehicular, adquisición de equipo, implementación del proceso del expediente digital y el aumento en el presupuesto ordinario institucional.
En relación a la toma de decisiones en SETENA, éstas por Ley le corresponden a la Comisión Plenaria-SETENA, donde el Ministro de Competitividad no ha tenido ninguna participación e injerencia en la misma.
Con respecto a los procedimientos para la Evaluación de Impacto Ambiental, se mantienen vigentes desde el día 28 de junio del 2004, cuando fue emitido el Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General Sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que no se han emitido nuevos procedimientos para la Evaluación de Impacto Ambiental, con lo cual no ha sido necesaria la convocatoria de la Comisión Mixta.
En cuanto a la modifican de dos artículos de la Ley de Biodiversidad, es claro que el Decreto Ejecutivo N°34958-MINAET-COMEX del 11 de diciembre de 2008, se emitió en el ejercicio de una potestad reglamentaria discrecional del Poder Ejecutivo, en razón de que la Ley no puede prever todos los supuestos de su aplicación al ámbito de la realidad que pretenden normar, y para el caso en concreto, supone la reglamentación necesaria para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 80 de esta Ley.
Por todo lo anterior, sin temor a equivocarnos, considero que esta Administración al igual que las que nos antecedieron, han dado sus aportes de acuerdo a los requerimientos de la época, será la historia la que juzgue si las acciones ejecutadas formarán parte de los aciertos que han convertido a Costa Rica en un modelo a imitar por otras naciones del planeta.
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