| | Tribunal declara inadmisible reclamación de la empresa revisión técnica vehicular (RITEVE).
Arbitraje había sido interpuesto en 2012, al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, entre la República de Costa Rica y el Reino de España.
• Tribunal acoge íntegramente argumentos de admisibilidad presentados por la defensa de Costa Rica.
San José. Miércoles 25 de enero 2017. El Tribunal Arbitral responsable del caso Supervisión y Control S.A. c. República de Costa Rica -un arbitraje presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en 2012, por una diferencia sobre el reajuste de tarifas de revisión técnica vehicular de la empresa RITEVE-, emitió su fallo en favor del Estado costarricense.
El arbitraje fue iniciado por la empresa Supervisión y Control (empresa española dueña de RITEVE), al amparo del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Costa Rica y el Reino de España. La reclamación, por un monto que superaba los 261 millones de euros, fue pretendida como indemnización, alegando que el Estado de Costa Rica no efectuó reajustes en la tarifa asignada a la revisión vehicular.
En el laudo arbitral emitido por el Tribunal, los argumentos de admisibilidad de la reclamación presentados por el Gobierno de Costa Rica fueron acogidos en su totalidad. Se determinó que los reclamos presentados por Supervisión y Control, no cumplieron con los requisitos de admisibilidad de conformidad con el acuerdo internacional de inversión invocado. El Tribunal consideró también que las acciones ejercidas en el juicio interpuesto por Riteve ante tribunal nacional y en el arbitraje, comparten una misma causa fundamental, y persiguen los mismos efectos. Por ello, al haber sido conocidas en jurisdicción nacional, no procedía que la controversia fuera presentada de nuevo en un proceso internacional.
“Se trata de un resultado extraordinario y trascendental para el Estado costarricense. El laudo confirma que Costa Rica ha cumplido con los compromisos internacionales adquiridos y en el marco de su Estado de Derecho mantiene su compromiso de brindar reglas claras y seguridad jurídica a inversionistas que operan en el país”, indicó el Ministro de Comercio Exterior Alexander Mora, tras recibir la comunicación del laudo. “Costa Rica ha tenido una experiencia positiva en el uso de este mecanismo, que es una pieza fundamental del entorno que ofrecemos en nuestra propuesta de valor a quienes establecen sus proyectos de inversión en el país”.
Del lado costarricense, la defensa del caso estuvo a cargo de la firma legal internacional Arnold & Porter Kaye Scholer, con la directa asistencia y coordinación estrecha del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), que se desempeña como Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional de Solución de Controversias en materia de Comercio e Inversión. COMEX coordinó la estrategia de defensa con un dedicado equipo nacional conformado por miembros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Consejo de Transporte Púbico, CTP), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Contraloríía General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR).
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