| Contraloría absuelve a Rodrigo Arias de toda responsabilidad administrativa en el tema de los convenios con el BCIE
Destruyendo las mentiras de quienes incluso hablaron de “chequeras secretas” o “pagos ocultos”, la Contraloría absolvió de toda responsabilidad administrativa al Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, en el tema de las supuestas debilidades de control interno en el marco de las consultorías contratadas con fondos de los convenios suscritos entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Así consta en el por tanto de la resolución PA-55-2009, elaborada por la División Jurídica del órgano contralor, tras concluir un procedimiento administrativo sobre el particular. Dicha resolución fue notificada a Arias el pasado viernes al final de la tarde.
Confirmando lo señalado por Rodrigo Arias en su comparencia ante la Contraloría el pasado 20 de agosto, y ante otras instancias como la Asamblea Legislativa, en el sentido de que en este tema siempre actuó tema con transparencia, respeto a ley y buena fe, la resolución es contundente en concluir que: “(…) no nos encontramos frente a una ausencia total de controles, ni que las omisiones detectadas en los informes de fiscalización hayan causado daño alguno a la Hacienda Pública, ni que se hayan desatendido disposiciones giradas por este Órgano Contralor para corregir las deficiencias detectadas, de tal suerte que no observamos en el actuar del señor Ministro de la Presidencia, conducta alguna revestida de dolo o culpa grave generadora de responsabilidad (…)”.
Además, se ratifica lo ya señalado en informes previos de la propia Contraloría sobre este tema y que también ha manifestado en múltiples oportunidades el Ministro, en el sentido de que los fondos que financiaron estos convenios no eran públicos y que la disposición de tales recursos corrió, exclusivamente, a cargo del banco donante. Valga recordar que este fue un programa de cooperación del BCIE con las cinco Casas Presidenciales de Centroamérica, y no solo con Costa Rica.
También se reitera que no existió irregularidad alguna relacionada con la selección de los consultores, e, incluso, se va más allá al concluir que no se logró demostrar que “el sistema diseñado haya ocasionado la selección de personas que no resultasen idóneas para desempeñar las consultorías contratadas, o desatención a disposiciones de la Contraloría emitidas con anterioridad a la ejecución del Convenio, así como tampoco se ha demostrado que las personas seleccionadas hayan quebrantado el régimen preventivo de incompatibilidades”.
En la resolución se absuelve de toda responsabilidad al Ministro de las cinco supuestas faltas de control investigadas, sobre todo, valga reiterar, porque sus actuaciones en ningún momento estuvieron revestidas de dolo o culpa grave y, además, en diversas oportunidades se recalca en el documento que Arias tomó “las acciones pertinentes” para acatar e implementar las medidas perfectibles y que deben ser consideradas a futuro en esquemas de cooperación internacional de esta naturaleza.
“De esta forma, luego de tres informes de la Contraloría y una opinión jurídica de la Procuraduría General, se confirma que en este caso, como en todos en mi vida pública y privada, siempre dije la verdad, siempre actué con transparencia y honestidad, apegado a la normativa existente”, señaló Arias.
“Queda en evidencia que las mentiras propaladas sobre estos convenios y mi actuación en ellos eran entonces lo que son hoy: monumentos a la maledicencia de quienes han querido convertir la difamación en una herramienta de su forma de hacer política. Queda en evidencia que no había “fondos secretos”, “chequeras ocultas”, “cuentas corrientes de libre disposición”, “pago de sobresueldos a funcionarios” ni “ejecución de fondos públicos fuera de presupuesto”. Esas afirmaciones fueron y serán solo difamaciones”, afirmó el Ministro.
Arias también recalcó que gracias a la intervención de la Procuraduría y de la Contraloría, se ha producido una rica y novedosa jurisprudencia administrativa que, mediante la acción del Ministerio de Planificación Nacional, se convierte en normativa orientadora para los funcionarios públicos que, en adelante, deban servir como contraparte en programas de cooperación internacional.
“Dos lecciones de esta situación: la primera es que la mentira es un arma de corto alcance que hiere temporalmente a la víctima pero mancha para siempre al victimario. Y, la segunda es que, tal como lo prometió nuestro señor Jesús, la verdad siempre nos hará libres. A quienes creyeron en mí desde el principio muchas gracias; y a quienes divulgaron esas especies idóneas para difamar a un funcionario honrado, mi consejo es que busquen mejores armas en el arsenal de la política; las hay nobles como la dignidad, el respeto y la decencia. Ojalá las encuentren”, concluyó el Ministro.
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