| | Demanda en Tribunal Contencioso Administrativo
País carece de información oficial acerca de las poblaciones de cocodrilos
Exigen que Sistema Nacional de Areas de Conservación desarrolle investigación científica al respecto
No existen Planes de Manejo para enfrentar la existencia de un conflicto los humanos y estos reptiles
San José, Costa Rica, 7 de julio del 2017. Una demanda presentada ante el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo pretende que se obligue al Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) y al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) a desarrollar un estudio científico que determine con total certeza si en el país existe o no sobrepoblación de cocodrilos.
El pasado 28 de junio el abogado de Energy Law Firm (ELF), Walter Brenes, entabló un proceso ordinario y una petición de medida cautelar contra el Estado costarricense y el SINAC debido a que esa entidad no ha llevado a cabo una investigación con base en protocolos y procedimientos biológicos pertinentes, ni tampoco se conocen Planes de Manejo para la especie Cocodrylus acutus.
Según explicó Brenes, en la actualidad Costa Rica no cuenta con información concluyente en esta materia porque, entre otras razones, el SINAC ha mantenido una actitud “negligente” sobre esta materia e incluso ha incumplido con las recomendaciones realizadas desde el 2014 por la Contraloría General de la República.
“Hasta el momento no se cuenta con informes ni estudios que nos indiquen el estado de la población de cocodrilos en el país y; por esa razón, no se pueden tomar medidas claras que protejan la seguridad de los bañistas en playas y ríos, lo cual es sumamente grave porque se está poniendo en riesgo la vida de miles de personas que visitan esos sitios y; además se afecta de manera negativa la actividad del turismo que genera miles de empleos en todo el páis”, criticó Brenes.
En el último año se produjo un ataque de cocodrilo en Playa Tamarindo donde la mordedura de uno de esos réptiles obligó a amputarle parte de la pierna a un surfista estadounidense.
Además, en las últimas semanas se han dado una serie de avistamientos de cocodrilos en las Playas Bajamar, Tambor, Tamarindo y Esterillos En el 2017 durante un torneo de la Liga Mundial de Surf (WSL, siglas en inglés) se produjo un incidente igual.
Sin datos concretos
En las consideraciones de hecho de la petición de la demanda presentada por Brenes ante el Tribunal Contencioso (punto 6) se indica que actualmente “ni el SINAC, ni el Estado, mantienen un programa de investigación sobre las poblaciones de cocodrilos en Costa Rica, ni mucho menos se conocen los Planes de Manejo de esa especie incumpliendo entonces con su monitoreo obligatorio y; por ende, no se mantiene un conocimiento real sobre las situaciones y poblaciones de cocodrilos en Costa Rica”.
Durante el año 2014 en el Informe DFEO-AE-IF-09 la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República le ordenó a la Dirección Ejecutivo del SINAC establecer e implementar un sistema de monitoreo para conocer el estado de las poblaciones vulnerables entre ellas el Cocodrylus acutus; sin embargo, a la fecha esa solicitud está pendiente.
“Hasta el momento el Estado ha tenido una actitud sumamente pasiva en cuanto a este tema, ni ellos mismos cuentan con información suficiente para proceder a implementar planes de manejo de la especie con criterio técnico.”, declaró Brenes.
Además, el pasado 27 de junio pasado el abogado presentó un recurso de amparo contra la Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Dirección General de Tránsito para que se tomen medidas encaminadas a resguardar la seguridad de las personas que se detienen en el puente sobre el río Tárcoles (ruta 43 Pacífica Fernández) para mirar los cocodrilos que se asolean en el playón de ese cauce.
ACERCA DE ELF
Energy Law Firm (ELF) es un bufete de abogados especializado en el ejercicio del derecho público y ambiental. Está liderado por su socio director el Lic. Walter Brenes, quien cuenta con amplia y connotada experiencia en procesos judiciales contra el Estado y otras entidades públicas adscritas al Gobierno costarricense.
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