| | Poder Judicial se abre a la evaluación de sus servicios
Segundo Informe del Estado de la Justicia 2017 se constituye en una herramienta para la mejora institucional.
Profundizar en el papel del Poder Judicial y su evaluación en temas puntuales como el acceso a la justicia, el Gobierno Judicial, los procesos disciplinarios y el desempeño de sus órganos auxiliares, es lo que brinda el Segundo Informe del Estado de la Justicia 2017.
“Los informes sobre el Estado de la Justicia evidencian que hemos asumido el reto de dar una respuesta a las nuevas exigencias de la población, mediante la apuesta a la apertura”, puntualizó Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge.
El estudio es una iniciativa de las autoridades judiciales por evaluar los servicios de administración de justicia y emprender acciones que garanticen una mejora efectiva a favor de las personas usuarias.
El Programa Estado de la Nación que tuvo a cargo el informe, realizó de forma independiente la elección de los temas a evaluar.
Para la jerarca judicial, el estudio materializa la política de transparencia y rendición de cuentas que promueve el Poder Judicial, de cara a las personas usuarias, que acuden a los despachos judiciales en busca de la solución de sus conflictos.
El Segundo Informe del Estado de la Justicia puede accesarlo desde la página http://www.estadonacion.or.cr/index-ej .
“Nuestro interés es abrir los canales y fuentes de información internos, ponerlos a disposición de la sociedad, del público en general, contar con insumos para actuar; sin ningún temor ni reserva a que se nos valore desde afuera. Nuestro objetivo es la transparencia. Es contar con la visión de un ente serio que desde fuera y de manera objetiva nos analice, nos brinde su criterio, o señale errores, sobre temas de trascendencia en la administración de justicia, y que nos permitan mejorar”, expresó Villanueva Monge.
El Director del Programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullel destacó que el Segundo Informe del Estado de la Justicia representa una práctica extraordinaria constitucional, pues por primera vez una institución pública, como el Poder Judicial, se acerca al programa para aceptar una evaluación y análisis del servicio público que brinda y eso refleja su madurez.
También destacó la independencia del Programa en la definición de los temas a desarrollar y que brinda información relevante para la toma de decisiones y mostrar cómo opera el Poder Judicial como actor del Estado costarricense.
Garantía de amplio acceso a la Justicia
La Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, destacó que este estudio es una herramienta de consulta para el abordaje de la realidad judicial y el impulso de acciones de mejora del servicio público.
“El Poder Judicial sigue manteniendo un amplio acceso de la población a su derecho de justicia pronta y cumplida. Dicha fortaleza es el resultado de un largo proceso histórico de construcción institucional”, destaca el Estado de la Justicia 2017.
Para la máxima jerarca judicial, “…el Informe constata que el Poder Judicial costarricense ha ejecutado reformas para mejorar su capacidad de respuesta a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, siendo en este tema uno de los más avanzados y modernos de la región”.
Es así como se recalcan las reformas impulsadas en los últimos 20 años, que ha generado una de las tasas de litigiosidad más altas de América Latina, sólo por debajo de Chile, pues se reciben en promedio más de 600 mil casos nuevos cada año.
El Informe destacó la ampliación de los servicios especializados para víctimas de violencia de la Plataforma Integral de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) que se implementa en Pavas, La Unión-Cartago y San Joaquín de Flores-Heredia.
A estos esfuerzos es de resaltar el Programa de Equipos de Respuesta Rápida para la atención integral de víctimas de violación.
Se suma a esta labor judicial, la aprobación reciente de las políticas institucionales de personas afro descendientes y de justicia juvenil restaurativa, una amplitud en la capacitación en materia de derechos humanos y campañas internas para sensibilizar a la población judicial sobre el acceso a la justicia para grupos específicos.
Otros proyectos que tuvieron prioridad para la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, durante los últimos cuatro años y que se posicionaron como relevantes en el Estado de la Justicia, es el establecimiento del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia para el tratamiento de información en esta temática.
También toma fuerza el Programa de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales y su crecimiento en los últimos dos años, al contabilizar a noviembre del 2016, un total de 474 líderes comunales dentro del proyecto.
“Se ha mantenido como prioridad el acceso a la justicia con la creación y desarrollo de políticas, mecanismos, proyectos y campañas, con especial énfasis en poblaciones vulnerables”, destacó Evelyn Villareal Fernández, coordinadora del Estado de la Justicia.
Gobierno Judicial
La importancia de propiciar un replanteamiento de la estructura del Gobierno Judicial, frente a las demandas actuales de la ciudadanía, se perfila como uno de los temas para analizar por parte de la jerarquía institucional.
Se señala la importancia del impulso de reformas para delegar la gestión administrativa de la Corte Plena.
Otra de las mejoras que evidencia, tiene que ver con la mejora en los indicadores estadísticos judiciales, vitales para la toma de decisiones dentro del Poder Judicial.
“Como un desafío importante, se señala el requerimiento de la modificación estructural y de los sistemas tecnológicos para responder a las demandas de transparencia, eficacia y la promoción de una cultura de evaluación de desempeño y rendición de cuentas. Sin duda hemos tenido un gran avance tecnológico, pero la generación de los datos estadísticos sobre la labor que debiera generarse automáticamente, estar integrados y el establecimiento de indicadores, son temas que se han abordado recientemente que deben continuar trabajándose prioritariamente”, definió la magistrada Zarela Villanueva Monge.
Fuente: Segundo Estado de la Justicia 2017.
Acción Disciplinaria, circuitos judiciales y reclutamiento
La materia relacionada con la acción disciplinaria fue uno de los temas evaluados en el segundo estudio.
El Tribunal de la Inspección Judicial mostró variaciones importantes en el ejercicio de sus potestades en el lapso de la última década. En el 2011, las sanciones llegaron a un total de 102 y a 285 en 2015.
Además se reconoce que ha variado la rigurosidad de las sanciones. El informe detalla que en el primer quinquenio predominaban las amonestaciones escritas y las advertencias, pero desde el 2014, la suspensión pasó a ocupar el primer lugar.
El análisis de la gestión judicial comprendió la evaluación a nivel administrativo de los 14 circuitos judiciales que integran el Poder Judicial. En así como se evidenció que el Tercer Circuito Judicial de San José, sede Pavas, es el de mayor productividad con un registro de 196 casos resueltos por funcionarios.
Fuente: Segundo Estado de la Justicia 2017.
Otros aspectos que se incluyeron fueron que en materia de capacidades, los circuitos Primero y Segundo de San José concentran la mayor cantidad de recursos económicos y personal del Poder Judicial, los cuales contemplan las oficinas de apoyo administrativo que sirven a todo el país, las dirección de los órganos auxiliares, los tribunales de segunda instancia, las salas y algunas materias especializadas que no están desconcentradas.
“Hay una clara concentración de la demanda en el Valle Central, como cabe esperar dados a los patrones de poblamiento del país. En el 2015, los seis circuitos judiciales con más casos recibidos fueron del Valle Central y cuatro de ellos, Primero y Segundo de San José, Cartago y Heredia, recibieron en conjunto el 51,4
e los casos ingresados”, explica el Estado de la Justicia 2017.
En el tema de la sección y reclutamiento del personal judicial, la evaluación externa determinó que estos procesos dentro del Poder Judicial muestran cambios significativos, que garantiza una evaluación de las personas candidatas, según sus conocimientos técnicos y competencias para el ejercicio de los cargos y la importancia del aumento en el reclutamiento por perfiles de competencia.
Entre los retos expuestos en este punto, señalan el impulso de la evaluación del personal en el cumplimiento del perfil para el que fue contratado y a partir de ello, la identificación de necesidades de capacitación que permitan cerrar brechas.
Se llamó la atención sobre el hecho de que la propuesta de desarrollo de competencias no ha permeado en los programas de estudio de las universidades.
“Esta puede ser un área de oportunidad para coordinar esfuerzos entre estas instituciones y el Poder Judicial, no solo porque este es el más grande empleador de abogados del país, sino también porque, a lo largo de sus carreras, la gran mayoría de esos profesionales tendrá que interactuar con el Poder Judicial en el ejercicio de sus labores”, determinó el Informe.
Sentencias constitucionales y órganos auxiliares
La actuación en la votación de acciones de inconstitucionalidad, por parte de la magistrada y magistrados de la Sala Constitucional, es otro de los aspectos que examinó el Segundo Informe del Estado de la Justicia 2017.
La metodología de trabajo contempló un análisis sobre los patrones de votación del Tribunal Constitucional. Se determinó que en el período 1990-2015, en promedio, un 18
e las acciones superó el examen de admisibilidad (1640 casos) y recibió una votación por el fondo.
De esta manera, destacaron los patrones de votación en dos áreas sensibles, la ambiental y la penal. En el caso de las sentencias ambientales “…el 64 e dictó por unanimidad, detalló el informe.
También se incluyó una evaluación sobre el trabajo de los órganos auxiliares de justicia como la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, en aspectos como los retos de su gestión y la mejora de los controles internos y rendición de cuentas.
El Segundo Estado de la Justicia 2017 se presentó el pasado 19 de abril, en el Auditorio Miguel Blanco Quirós.
“Esta será una herramienta de consulta obligada no solo para quienes laboramos en la institución sino para analistas, políticos, juristas y la sociedad en general, que nos permitirá adoptar acciones parar mejorar”, enfatizó la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge.
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