| | Los controles de precios al arroz afectan directamente a las familias más pobres
La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), en su afán por defender los intereses del sector comercial, contrató el estudio denominado Impacto para el consumidor de la regulación de precios del arroz en Costa Rica.
El arroz es uno de los principales alimentos consumidos por los costarricenses, especialmente los de menores ingresos; 7 de cada 10 costarricenses lo consumen a diario.
“El estudio realizado por las economistas Alejandra Mata y Viviana Santamaría, consultoras en temas agrícolas y de comercio internacional, describe las principales características del mercado del arroz en Costa Rica y su impacto en la distribución de beneficios y costos, a nivel de la producción, la industria, los importadores, el comercio mayorista y al detalle y, muy especialmente, las implicaciones para el consumidor”, explicó Alonso Elizondo, Director Ejecutivo de la CCCR.
Históricamente, la actividad arrocera nacional se ha caracterizado por políticas de protección en todos los niveles de la agrocadena. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) regula la actividad mediante un precio mínimo al productor y establece bandas de precios para todos los eslabones de la cadena de comercialización. De acuerdo con el Decreto vigente a partir de setiembre de 2016, también fija un único precio para la venta al consumidor de la calidad 80/20.
Además, existe una protección arancelaria del 36 En prácticamente todos los acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica, el arroz ha quedado excluido de los compromisos de desgravación arancelaria, sin embargo, en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos el arancel comenzó a reducirse a partir de enero de 2016. A la fecha, el arroz es el único producto que conserva un sistema de protección en estas dos vías: precio regulado en el mercado local y un arancel elevado a la importación.
Principales hallazgos del estudio
La actividad arrocera está dominada por grandes productores e industrializadores. Si bien hay pequeños, el 4
e los productores poseen el 44
el área sembrada y un 68
e las ventas del mercado lo manejan 3 empresas. Si el objetivo de los gobiernos que defienden la fijación de precios ha sido proteger al pequeño productor arrocero nacional, la mayor transferencia de rentas del modelo de fijación de precios la recibe quien más produce.
“Nos preocupa muchísimo que los controles, no solo se traducen en un sobreprecio al consumidor en general, sino que afectan en mayor medida a las familias con menor poder adquisitivo, ya que un 10,7
el ingreso mensual del hogar del primer quintil se destina a la compra de arroz”, enfatizó Alonso Elizondo. Esto quiere decir que una undécima parte del ingreso de una familia que sobrevive con ¢190.000 al mes se destina a comprar arroz.
Lo anterior se agrava cuando se analiza que un 11,8
e las ganancias generadas por los sobreprecios están concentradas en una sola empresa. El estudio identifica que con la fijación de precios los ganadores son los industriales que reciben un 37
el total de utilidades; en segundo término, se encuentran los productores, con un 34
e los beneficios generados por la actividad arrocera y, en tercer término, los detallistas a quienes este negocio les genera un 17
e la utilidad total.
“La fijación de precios del arroz lejos de contribuir al aumento de la productividad y el mejoramiento de las condiciones de acceso por parte de los consumidores, quienes reciben las mayores utilidades son los industriales y los grandes productores. En especial, aquellos que se encuentran integrados verticalmente”, concluyó Elizondo.
Según las conclusiones del estudio es evidente la injerencia política del MEIC en CONARROZ y a la inversa. El órgano que determina los precios (MEIC) también forma parte de la junta directiva de la entidad que requiere la fijación de los mismos (CONARROZ). El traslape de funciones de la cartera de economía, al ser "juez y parte" en materia de política de regulación de precios y de aplicación de medidas de defensa comercial, tiende a restar transparencia a este tipo de políticas.
El sector arrocero continúa amparado a la protección y a los mecanismos de defensa comercial para subsistir. En tanto, los consumidores, en particular los menores ingresos, dedican una décima parte de su ingreso a adquirir este alimento básico a un precio superior al del mercado internacional. Cualquier política que aspire a mantener artificialmente altos los precios de un alimento que forma parte de la dieta diaria de la familia promedio costarricense, tendrá un impacto sobre los hogares de menor poder adquisitivo.
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