| | Proyecto de referéndum es inconveniente y contrario a los intereses nacionales
No garantiza rebaja de precios ni libre competencia.
Pretende venta de las acciones, activos y liquidación de RECOPE.
Plantea apertura del mercado sin establecer las condiciones apropiadas para desarrollar la competencia, ni dotar a RECOPE de una ley de fortalecimiento que le permita participar en igualdad de condiciones.
Desarticulación del Sistema Nacional de Combustibles compromete la seguridad energética nacional.
El proyecto de referéndum “Apertura del monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)”, resulta inconveniente y contrario a los intereses nacionales, pues colocaría al país en una situación de desventaja y a RECOPE en un estado de vulnerabilidad que le imposibilitaría cumplir su obligación de garantizar la disponibilidad ininterrumpida de los combustibles, a un precio asequible.
Ante una decisión trascendental, como sería el cambio del modelo para el suministro de los combustibles al país, el proyecto de referéndum no garantiza la reducción de precios ni la libre competencia como propone, debido a las ambigüedades y omisiones de carácter técnico y jurídico que presenta.
La promesa de una disminución en el precio para el consumidor no es real porque ya están regulados bajo el principio de servicio al costo y RECOPE ha consolidado un proceso que garantiza la compra de combustibles con los mejores precios de importación, principal componente del precio de venta local.
Adicionalmente, con la apertura es de esperar que la rentabilidad de las empresas participantes aumente para satisfacer el lucro privado.
Tampoco es válido el argumento de que los gastos de RECOPE elevan el precio de venta de los combustibles y que estos se reducirían en un mercado competitivo, porque la atención se centra en los costos relacionados con la Convención Colectiva; rubro que representa el 1
el precio de venta.
Además, la Convención Colectiva que rige desde julio del 2016 por primera vez se renegoció a la baja y cerró el año con una disminución en el costo del 5 especto al 2015.
Al hacer una comparación del nivel de las remuneraciones de RECOPE con el de la industria petrolera, utilizando datos de la encuesta elaborada por HAYS Oil & Gas, resulta que el salario anual promedio de RECOPE es 52 nferior al de América del Sur, que es la región relevante para Costa Rica.
Sobre el tema de precios, también es oportuno considerar el criterio técnico de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), según el cual la propuesta tarifaria que hace el proyecto de referéndum no beneficiaría al consumidor, sino a las empresas distribuidoras.
Es importante acotar que el proyecto no contempla el tema de política sectorial para los precios del gas, búnker, asfalto y emulsión asfáltica, por lo cual es de esperar que estos productos aumenten de precio.
Por otra parte, se plantea que el mercado de los combustibles se dé en un escenario de libre competencia, sin establecer el marco jurídico ni las condiciones para evitar la concentración monopolística propia de la industria petrolera, debido a la alta inversión que requiere y a las economías de escala.
Aunque plantea la posibilidad de que RECOPE opere en un mercado abierto, la iniciativa no va aparejada del fortalecimiento que requiere la empresa para competir en igualdad de condiciones con los actores privados, colocándola en una situación de desventaja y vulnerabilidad.
Cabe recordar que en los proyectos de apertura que se siguieron para el caso de seguros y telecomunicaciones, se dotó de leyes de fortalecimiento al INS y al ICE para que pudieran competir.
Por el contrario, el proyecto del referéndum persigue la venta de acciones y activos de RECOPE, y la liquidación de la empresa.
Con este propósito el proyecto plantea el traslado de activos públicos para el aprovechamiento privado, desarticulando el Sistema Nacional de Combustibles y poniendo en riesgo la seguridad energética nacional, al no establecer un garante responsable de satisfacer la demanda. El traslado del poliducto al MINAE no establece la entidad que deberá operarlo ni dispone dotarla de los recursos técnicos y financieros para ello.
Ambigüedades y omisiones del proyecto referéndum
No se establecen las condiciones bajo las cuales operarían las empresas que ingresen al mercado, a efecto de garantizar la continuidad y calidad en el suministro de los hidrocarburos, tal como lo ha hecho RECOPE por más de cinco décadas.
Tampoco se definen los mecanismos para garantizar la libre competencia. Este vacío conduciría a la conformación de un monopolio u oligopolio privado.
No se dota a RECOPE de las condiciones jurídicas, financieras y administrativas para participar en igualdad de condiciones en un mercado competitivo, dejándola en condición de desventaja y vulnerabilidad frente a posibles competidores.
La propuesta le resta competencias a la ARESEP al establecer un precio máximo para los distribuidores de combustibles. Sin embargo, la ARESEP está obligada a fijar un precio único en estaciones de servicio, por lo que el consumidor no recibiría ningún descuento y de darse, los beneficiados serían los agentes o intermediarios que actúen en esta cadena.
La propuesta no es compatible con la política de precio único en todo el país, por lo que sería de esperar que el precio aumente en aquellas regiones que se encuentren más alejadas de los centros de distribución.
El proyecto otorga potestades a un “órgano superior del ente expropiador” (sin definirlo), que podría imponer servidumbres y expropiaciones de terrenos particulares, cuando las empresas privadas lo requieran para desarrollar sus actividades. Esto desnaturaliza la figura jurídica de las expropiaciones, que en la actualidad solo aplica para la construcción de obras de propiedad pública.
El traspaso de las servidumbres y del poliducto al MINAE, implicaría una pérdida patrimonial para RECOPE, además de que el poliducto no puede operar sin el resto de la infraestructura que compone el Sistema Nacional de Combustibles: Tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo, planteles de distribución y ventas, y muelles petroleros.
La propuesta no considera el pago de las deudas contraídas por RECOPE para el desarrollo de esa infraestructura. A esto se suma que no se define quién será el depositario de los ingresos derivados del canon por el uso del poliducto y el muellaje. En síntesis, se le quitan a RECOPE sus activos, pero se le dejan las deudas asociadas al desarrollo del Sistema Nacional de Combustibles.
No se define responsable de la administración del puerto petrolero, ni del cobro de las tarifas de muellaje. Tampoco se define cómo se pagarán los créditos con los que se ha financiado esta infraestructura.
Con la venta de acciones, el capital social de RECOPE pasaría de ser público a privado, con la particularidad de que no se establece la forma en que se realizaría la venta, la valoración de acciones y activos, ni el marco jurídico para esos efectos. El producto de la venta sería destinado a un fideicomiso y no a las actividades empresariales, privando a RECOPE de su capacidad para seguir operando.
El destino de los recursos que generaría la venta de las acciones, será para el pago de las servidumbres del poliducto y la construcción de una facilidad portuaria en el Pacífico, sin que existan estudios técnicos que justifiquen la necesidad de dicha obra.
Deja sin regulación las actividades de refinación, importación, transporte y distribución ejercidas por sujetos privados, ya que la Ley Nº 6588 -que las regula-, es de aplicación exclusiva para RECOPE. Esto genera un vacío en el sistema de calidad y confiabilidad para la venta de productos, en detrimento del consumidor.
Mientras que el proyecto se presenta como una apertura del monopolio del suministro de los derivados del petróleo, con el artículo 4 se habilita la imposición de servidumbres y expropiaciones para la exploración y explotación de petróleo y gas natural, cuando existe una ley específica que regula esas actividades.
El conjunto de incongruencias y omisiones que contiene el proyecto de referéndum hacen inviable la propuesta, por lo que no se considera responsable promover la apertura del mercado bajo este nivel de inseguridad jurídica. | | | |
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